El candidato a la vicepresidencia de Colombia por la coalición Equipo por Colombia, Rodrigo Lara Sánchez, reconoció que está a favor de cambiar la legislación por la que los cargos públicos no pueden posicionarse públicamente en unas elecciones y que ha provocado la inhabilitación de varios alcaldes.

En declaraciones a EFE a su paso por España, donde se reunió con grupos de compatriotas en el país, Lara se refirió a la decisión de la procuraduría colombiana de inhabilitar temporalmente a los regidores de Medellín e Ibagué, Daniel Quintero y Andrés Fabián Hurtado.

El motivo esgrimido por el órgano fue la “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas” a menos de un mes de las elecciones generales cuyas encuestas lidera el político de izquierdas Gustavo Petro.

La medida afecta igualmente a Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, en el departamento del Quindío (centro), y a Grenfell Lozano Guerrero, personero (procurador) de Nátaga, en el departamento del Huila (sur).

El candidato a vicepresidente de Equipo por Colombia aseguró que es un aspecto que "debería reformarse" porque "son políticos los que están gobernando" y con la aplicación de la ley "le estás quitando unos derechos".

No obstante, valoró que "hoy en día" la ley está en vigor "y hay que respetarla".

"Lo que no puedes es dirigir los recursos públicos hacia una participación, eso si me parece grave y delicado", añadió sobre el asunto.

No hay golpe de Estado 

Lara también valoró las palabras del alcalde de Medellín, quien apoya a Petro en las elecciones y que tras recibir la amonestación denunció que se estaba dando un "golpe de Estado".

"No lo creo, un golpe de Estado es hacia el presidente y el presidente está, aquí es un alcalde", se limitó a decir Lara, quien insistió en que la campaña electoral "se ha polarizado mucho".

A su juicio, ese "no es el camino": "ojalá no existiera tanto odio y resentimiento, ni inculcar esto como estrategia electoral en los ciudadanos, cuando se acaben las elecciones el presidente es uno y es para todos, los problemas no tienen color político".

Un caso similar sucedió en 2013, cuando en vísperas de su segundo aniversario como alcalde de Bogotá, Petro fue destituido e inhabilitado durante 15 años por la Procuraduría, que le achacó "absoluta incapacidad" al desprivatizar el servicio de recogida de basuras.

En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano suspender esas decisiones administrativas y en 2017 el propio Consejo de Estado del país tumbó la condena y le permitió lanzar su candidatura a la presidencia.

EFE